La familia de Diego Bello Lafuente ha logrado un avance significativo en la ardua búsqueda de justicia por el asesinato del joven coruñés en Filipinas hace más de cinco años. Un tribunal de Manila ha denegado la libertad bajo fianza a los tres policías acusados de su muerte, consolidando las acusaciones que apuntan a un montaje policial. Según el tribunal, las pruebas presentadas niegan de forma convincente la versión de un enfrentamiento armado, sugiriendo en cambio una ejecución extrajudicial. Este desarrollo se produce tras extensas vistas judiciales y un informe de la National Bureau of Investigation que desmanteló la versión oficial, revelando una presunta conspiración para incriminar a Bello como narcotraficante.
La resolución del tribunal, aunque aún no es una sentencia, representa un hito en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales durante el régimen de Rodrigo Duterte. Los padres de Bello, que han desplegado una intensa campaña social y diplomática, reciben la decisión judicial con prudente satisfacción, esperando que se haga justicia finalmente. La familia destaca que este avance no solo refuerza el compromiso del sistema judicial filipino con los derechos humanos, sino que también marca un precedente significativo en los procesos judiciales relacionados con delitos similares. La comunidad internacional sigue de cerca el caso, especialmente dado que es el único que involucra a un ciudadano europeo entre las múltiples ejecuciones bajo el mandato de Duterte.
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