La comunidad internacional tiene ante sí un desafío crucial: erradicar el sida para el año 2030. Sin embargo, la verdadera batalla reside en garantizar que los líderes mundiales protejan y promuevan los derechos humanos de todas las personas afectadas por el VIH, según un reciente informe de ONUSIDA revelado este martes. El informe, titulado «Tomar el camino de los derechos para acabar con el sida», llega a medida que el mundo se prepara para conmemorar el Día Mundial del Sida el próximo 1 de diciembre.
Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA, destacó que, pese a los avances logrados en la lucha contra el VIH, la persistencia de violaciones a los derechos humanos continúa siendo un impedimento significativo para la eliminación del sida. Aspectos como la falta de acceso a la educación para las niñas, la impunidad frente a la violencia de género y la criminalización de la orientación sexual o identidad de género obstaculizan el acceso a servicios de salud cruciales. «Para proteger la salud de todos, tenemos que proteger los derechos de todos», afirmó Byanyima.
De los 39,9 millones de personas que viven actualmente con VIH, 9,3 millones no reciben el tratamiento que podría salvarles la vida. En el año anterior, 630,000 personas fallecieron debido a enfermedades relacionadas con el sida, y se estima que 1,3 millones de personas contrajeron el VIH por primera vez. Además, el informe señala que en al menos 28 países se ha producido un incremento de nuevas infecciones, lo que subraya la imperiosa necesidad de que los programas de prevención y tratamiento lleguen a todas las personas que los requieren.
Una preocupación destacada radica en que, diariamente en 2023, unas 570 mujeres jóvenes y niñas de entre 15 y 24 años contraen el VIH. Este grupo en particular tiene tres veces más probabilidades de vivir con el virus en comparación con sus pares masculinos en al menos 22 países de África oriental y meridional. Nomonde Ngema, activista de 21 años, enfatizó que «a ninguna niña se le debe negar la educación y la información que necesita para mantenerse a salvo», instando a abordar la discriminación y violencia contra las niñas como urgencias de salud y derechos humanos.
La criminalización y estigmatización de comunidades vulnerables sigue obstaculizando el acceso a servicios de salud apropiados. En 2023, 63 países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que desafía a aquellos que necesitan prevención y tratamiento. Axel Bautista, encargado de la participación comunitaria en el Pacto M de acción global, argumentó que “las leyes y políticas punitivas alejan a las personas vulnerables de la ayuda que necesitan”.
Aunque los avances científicos ofrecen esperanza, la distribución desigual de estos beneficios persiste. Medicamentos de acción prolongada, que únicamente requieren inyecciones bianuales, podrían ser una solución efectiva si se compartiera la tecnología necesaria para reducir costos y facilitar la producción a escala global. Alexandra Calmy, encargada del área de VIH en los Hospitales Universitarios de Ginebra, advirtió que “las herramientas médicas que salvan vidas no pueden tratarse como meras mercancías”.
La lucha contra el sida sigue siendo una cuestión tanto de salud pública como de derechos humanos. La comunidad internacional debe centrar sus esfuerzos en eliminar las barreras jurídicas, sociales y económicas que impiden un acceso equitativo a servicios de salud, y así acercarnos a un futuro sin sida.
