En Colombia, la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro enfrenta desafíos, ya que los niveles de violencia han aumentado en varias regiones, con diálogos de paz congelados o rotos con grupos importantes como el ELN y la Segunda Marquetalia. Sin embargo, en el sur del país, en el departamento de Nariño, la situación mejora notablemente. Entre 2023 y 2024, los asesinatos disminuyeron en un 83% y los desplazamientos en un 16%. Según el gobernador Luis Alfonso Escobar, este progreso se debe a un enfoque de paz territorial que ha permitido acuerdos rápidos con grupos disidentes locales, reduciendo la necesidad de enfrentar complicaciones nacionales mayores.
El avance en Nariño se refleja en compromisos colectivos como proyectos de desminado humanitario y la entrega de armas por parte de grupos armados. El año pasado, el grupo Comuneros del Sur entregó 585 artefactos explosivos al gobierno, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano planea destruir 8 toneladas más. Sin embargo, persisten retos como el tráfico de cocaína, con Nariño liderando en cultivos de coca en el país. Para enfrentar estos desafíos, el gobierno local promueve la formalización de la minería ilegal y la sustitución de cultivos para el desarrollo económico. Además, se refuerza la seguridad en la frontera con Cauca, donde la violencia sigue en aumento, para proteger los logros alcanzados en Nariño.
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