El Gobierno de España enfrenta retos fiscales cruciales con el fin del año 2024 a la vista, mientras se esfuerza por mantener un impuesto energético que enfrenta una férrea oposición política. Luego de que la alianza entre Junts, PNV y PP lograra derogar el gravamen vigente en el Congreso, el Ejecutivo se ve presionado para aprobar un nuevo impuesto por decreto en el último Consejo de Ministros del año. A la vez, se compromete a aplicar una subida fiscal al diésel para asegurar el acceso a nuevos fondos europeos. La situación es compleja, con un escenario político fragmentado en el que el Gobierno, sin mayoría, necesita equilibrar las demandas de sus socios tanto de izquierda como de derecha, especialmente en lo que respecta al vital apoyo político para los Presupuestos de 2025.
Simultáneamente, las tensiones se manifiestan también en el ámbito del impuesto a la banca, que aunque ha sido revisado y aceptado con modificaciones, debe sortear un error técnico en su redacción para evitar problemas contables. Este gravamen fue aprobado con un esquema de duración modificada y deducciones, tras largas negociaciones en el Congreso. La situación se agrava con la reciente enmienda introducida por el PP, que deroga el impuesto temporal a las energéticas, anulando la posibilidad de extender su vigencia. El Gobierno, sin embargo, planea mantener este gravamen con cambios previamente acordados, pero reconoce que cualquier solución adoptada podría ser temporal dadas las tensas negociaciones que se avecinan para garantizar la permanencia de estas medidas en la legislación fiscal de 2025.
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