En un fallo sin precedentes en el ámbito judicial español, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca ha reconocido, por primera vez, el derecho de una trabajadora a disfrutar de un permiso parental de ocho semanas con remuneración. Este veredicto sienta un precedente crucial en la aplicación de la Directiva Europea (UE) 2019/1158, que establece la obligatoriedad de retribuir dicho permiso. El plazo para que España adopte formalmente esta directiva venció el 2 de agosto de 2024, y la sentencia llega como un recordatorio de la necesidad de alinear las normativas nacionales con las exigencias europeas.
El caso ha destacado la posibilidad, contemplada por el ordenamiento legal español, de reclamar judicialmente ante la inacción de la Administración Pública. La jurisprudencia sostiene que, cuando las directivas europeas son claras, precisas e incondicionales, y confieren derechos individuales, los tribunales están obligados a aplicarlas directamente en beneficio de los ciudadanos. En esta situación, el juzgado ha determinado que se cumplen todos estos criterios, por lo que el permiso parental debe ser concedido con su correspondiente remuneración.
En respuesta a esta sentencia, el Sindicato de Profesores ANPE ha instado a los docentes que se encuentren en circunstancias similares a presentar sus reclamaciones. El sindicato argumenta que el aumento de litigios podría ejercer la presión necesaria sobre el Gobierno para que proceda a modificar el marco normativo vigente y así cumplir con las directrices europeas.
Este caso, además, subraya la importancia de las decisiones judiciales en la promoción de cambios legislativos, especialmente en lo que respecta a la conciliación de la vida familiar y profesional. Con la situación actual, el fallo no solo beneficia a la trabajadora implicada, sino que también abre el camino para que otros ciudadanos, tanto en el ámbito educativo como en otros sectores, luchen por sus derechos bajo el marco de las obligaciones comunitarias.
Mientras se espera una respuesta del Gobierno a estas demandas, la sentencia del Juzgado de Cuenca se convierte en un precedente esencial, reforzando la obligación de las instituciones a respetar y actualizar las leyes conforme a las normativas europeas, garantizando, así, derechos fundamentales a los trabajadores en España.
Nota de prensa de ANPE.
