La OTAN ha instado a España a aumentar significativamente su gasto militar, un desafío que podría tener repercusiones sustanciales en las finanzas públicas. Mientras el presidente Pedro Sánchez considera suficiente destinar el 2,1% del PIB a defensa, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha señalado que debería llegar al 3,5%, e incluso Estados Unidos ha sugerido un 5%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte que este incremento tendrá un impacto inevitable en el déficit y la deuda del país, obligando a España a explorar opciones como aumentar ingresos, recortar otras partidas o recurrir al endeudamiento. Cristina Herrero, presidenta de la Airef, ha remarcado que, pese a que el incremento del gasto militar puede incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, será necesario ajustar otros gastos o aumentar ingresos para mitigar el impacto en la economía.
Además, el gasto militar podría exceder el crecimiento del gasto primario comprometido con Bruselas, planteando desafíos adicionales para las finanzas públicas. Parte de estos fondos se están canalizando a través de una cuenta de control, que retrasa su impacto en el déficit, aunque deja intacto el efecto real sobre la deuda. El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha sugerido que el debate debería centrarse en un incremento paulatino y eficaz del gasto militar, destacando la importancia de definir prioridades en el gasto y fomentar la coordinación europea para asegurar un uso eficiente de los recursos. El gobierno ha alcanzado un acuerdo con la OTAN para evitar subir el gasto militar al 5%, pero aún enfrenta la complejidad de equilibrar las necesidades de defensa con el Estado del bienestar.
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