La Fiscalía de Corea del Sur ha imputado al presidente Yoon Suk-yeol, acusado de liderar una insurrección tras decretar la ley marcial el 3 de diciembre, según informó la agencia Yonhap. La decisión de la Fiscalía le convierte en el primer líder surcoreano en ejercicio en ser imputado bajo arresto, ya que Yoon fue destituido de manera provisional por el Parlamento y está detenido desde el 15 de enero por las autoridades anticorrupción. El presidente enfrenta un juicio político y está a la espera de que el Tribunal Constitucional determine si se le restituirán sus competencias o será depuesto definitivamente. La imputación se lleva a cabo justo antes de que expire su periodo de detención, tras la transferencia del caso de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios a la Fiscalía, ya que este último organismo es el único con poder legal para imputar a un presidente en Corea del Sur.
Yoon está acusado de conspirar con el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, y otros aliados para incitar una insurrección al declarar un estado de emergencia inconstitucional, sin indicios de una crisis nacional que lo justificara. La gravedad de los cargos se fundamenta en que la inmunidad presidencial no lo protege contra delitos de insurrección, penados con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última tiene moratoria desde 1997. Además, se le acusa de haber desplegado fuerzas militares en el Parlamento para impedir la votación contra la ley marcial y de planear la detención de líderes políticos. Pese a las excusas de sus abogados, que argumentan una respuesta desesperada ante una crisis política, la defensa encara un juicio donde deberá probar su inocencia. En medio de respuestas contundentes y demandas de rendición de cuentas entre los partidos políticos, la situación de Yoon plantea un desafío significativo al sistema democrático surcoreano.
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