La defensa de Juana Cintas, ex responsable de Recursos Humanos de la Diputación, ha expresado su preocupación por lo que consideran la existencia de «prejuicios» por parte de los jueces que participan en el caso. El equipo legal de Cintas sostiene que estas predisposiciones se originan desde la fase de instrucción, lo cual podría afectar la imparcialidad del proceso judicial. Según la defensa, dichos prejuicios podrían influir en las decisiones que se tomen a lo largo del juicio, poniendo en riesgo la presunción de inocencia de su cliente.

Este señalamiento se produce en medio de un contexto judicial complejo, donde la figura de Cintas y sus decisiones durante su gestión han estado bajo escrutinio. La defensa insiste en la necesidad de que el proceso judicial se desarrolle bajo los principios de imparcialidad y equidad, solicitando que se garantice un análisis objetivo de los hechos. El caso ha captado la atención mediática regional, en espera de que se clarifiquen las acusaciones y se determine la responsabilidad de la ex funcionaria, en un proceso que podría sentar precedentes respecto a la gestión de recursos humanos en instancias gubernamentales.

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