La Universidad Complutense de Madrid enfrenta un significativo recorte presupuestario que ha impactado en las horas dedicadas por el personal docente e investigador a tareas fundamentales como la igualdad y las políticas sociales. La Delegación del Rector para Igualdad ha declarado públicamente su preocupación por la reducción de horas destinadas a su labor, lo cual dificulta la implementación de protocolos críticos como los dedicados a prevenir el acoso. Esta situación derivó en la dimisión completa del equipo encargado de las Políticas Sociales, que atiende principalmente a personas con discapacidad. Desde la universidad, el recorte se atribuye a la necesidad de devolver un crédito de 34,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid, solicitado para afrontar dificultades financieras, afectando negativamente la dedicación a actividades esenciales para la diversidad e inclusión universitaria.
La exdelegada de Políticas Sociales, María José Barahona, expresó que la decisión de renunciar obedeció a una acumulación de circunstancias que configuraron una inadecuada valoración institucional de su labor, centrada en el respeto a los derechos humanos. Isabel Tajahuerce, delegada de Igualdad, mencionó que su equipo también consideró dimitir, resaltando la imposibilidad de completar su trabajo con el tiempo asignado. Ambas destacaron un «nulo reconocimiento» institucional a su labor y señalaron insuficientes horas para una atención adecuada en cuestiones vitales como la igualdad y el acoso. A pesar de la transición interna en curso, Barahona advirtió que, aunque las tareas diarias continúan, la capacidad de innovar y progresar está mermada. La Comunidad de Madrid está cerca de cerrar un acuerdo de financiación que podría mejorar la situación, pero el presente continúa siendo un desafío para estos equipos en la Complutense.
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