La transparencia gubernamental, a menudo proclamada como un derecho fundamental en Estados Unidos, enfrenta desafíos constantes a lo largo y ancho del país. No importa la orientación política de quienes gobiernan. En el estado de Maryland, por ejemplo, una propuesta legislativa permitiría que las agencias gubernamentales rechacen solicitudes de acceso a registros públicos que consideren «hostigadoras». En el ámbito federal, la administración del antiguo presidente Donald Trump trasladó los esfuerzos de reforma gubernamental del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) lejos del alcance de la Ley de Libertad de Información, además de iniciar la eliminación masiva de conjuntos de datos públicos.
Ante estos obstáculos, la crítica pública se convierte en una herramienta esencial para combatir las fallas en la gestión gubernamental. Durante la celebración anual de la Semana de la Luz Solar, que tiene lugar entre el 16 y el 22 de marzo, organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, MuckRock y AAN Publishers publican «The Foilies». Este informe, que ya cumple una década, expone las respuestas más absurdas e incompetentes a las solicitudes de registros públicos bajo la FOIA y las leyes estatales de transparencia.
Entre las pocas victorias para los defensores de la transparencia, destaca el caso del Departamento de Policía de Los Ángeles. Un tribunal desestimó las acciones legales del departamento contra defensores de derechos y un periodista que publicó fotografías de agentes, ordenando a la ciudad pagar 300,000 dólares para cubrir los gastos legales de los defensores.
Este año, «The Foilies» arrojó luz sobre más casos de opacidad gubernamental. Uno de los ejemplos más notorios fue protagonizado por el Distrito Escolar de Rapides Parish, que intentó imponer un costo de 2 millones de dólares por una solicitud de información básica. La presión pública obligó al distrito a ceder y proporcionar solo nueve páginas de información relevante sin costo.
Otros ejemplos incluyeron intentos de la Policía Estatal de Massachusetts y el fiscal de distrito de Jefferson Parish de cobrar sumas exorbitantes para liberar documentos, así como la resistencia de la Universidad de Wisconsin-Madison a entregar un contrato a un periodista, resultando en una maraña legal.
La CIA fue ridiculizada por redactar una receta de fudge compartida por Mike Pompeo, lo que les hizo merecedores del premio «Fudged Up Beyond All Recognition». En Virginia, el gobierno fue criticado por denegar solicitudes de registros internos, mientras que tribunales en California y Nevada limitaron de manera controversial el acceso público a audiencias sobre demandas de registros.
Finalmente, la NSA recibió el «No Tech Support Award» tras admitir que no podía localizar una grabación debido a problemas técnicos con tecnología obsoleta.
Estos casos resaltan la continua batalla por mantener la transparencia gubernamental y la importancia de que ciudadanos y medios de comunicación sigan abogando por un acceso efectivo a la información pública.
