La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, explicó ante la jueza que instruye la causa de la DANA en Catarroja, Valencia, su papel institucional durante los eventos climáticos extremos ocurridos. Pradas manifestó que su decisión hubiera sido irresponsable si no hubiese seguido las indicaciones de los expertos en emergencias, ya que carecía de asesores especializados en esta materia. Asimismo, expresó que su rol no incluía dirigir las operaciones de emergencia, ni tomar decisiones basadas en su criterio personal debido a su falta de experiencia en el campo de emergencias. La exconsellera subrayó la ausencia de información suficiente por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que complicó la gestión de la situación. Durante su comparecencia, enfatizó que los planes de emergencia están diseñados para ejecutarse automáticamente, minimizando la necesidad de tomar decisiones individuales.
Durante su declaración, Pradas aclaró que el comité asesor del Cecopi estuvo a cargo de gestionar la emergencia, subrayando su presencia, junto a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como representantes institucionales y no como expertas. Expuso que la aplicación del plan de inundaciones implicaba una dirección colegiada y que más allá de un mando único, existía una coordinación entre distintas administraciones. Pradas describió el entorno físico del Cecopi, destacando las limitaciones tecnológicas presentes y la distribución espacial del equipo encargado de manejar la emergencia. A pesar de sus esfuerzos por seguir de cerca la evolución de la DANA, Pradas señaló que la activación de la Unidad Militar de Emergencias se demoró y que las comunicaciones sobre el estado del caudal del río fueron insuficientes, con avisos que no llegaron a su destino. La exconsellera también observó que las llamadas al número de emergencias 112 se vieron colapsadas, y reiteró la necesidad de haber declarado una emergencia nacional durante el suceso.
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