La reciente reforma legal que afecta a presos de ETA ha abierto un nuevo frente de conflicto institucional entre el Congreso de los Diputados y el Senado en España. La decisión de la Mesa del Congreso, liderada por una mayoría socialista, de remitir la reforma al Boletín Oficial del Estado (BOE) ha sido desafiada por el presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular (PP), quien argumenta que esta acción equivale a un «veto» no formalizado en tiempo y forma. En respuesta, el PP ha amenazado con denunciar al Congreso ante el Tribunal Constitucional por un supuesto conflicto de atribuciones, siguiendo los pasos del partido de extrema derecha Vox, que ya había anunciado medidas legales similares. Este enfrentamiento se enmarca en un contexto de tensión política creciente entre el PP y el PSOE, marcado por acusaciones cruzadas de uso indebido de las instituciones y una reciente querella del PP por supuesta financiación ilegal de los socialistas.
El conflicto toma una dimensión singular al reactivarse el mecanismo de conflicto de competencias regulado por el artículo 72 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, solo seis meses después de haber sido utilizado por primera vez en la historia de la democracia española en relación con la tramitación de la ley de amnistía. El PP, aprovechando su mayoría en el Senado, intenta revertir la decisión del Congreso al considerar que se han violado sus competencias. La Mesa del Congreso, sin embargo, ha defendido su postura basándose en argumentos jurídicos que señalan el incumplimiento de plazos y procedimientos por parte del Senado. A pesar de la polémica, el PP parece decidido a agotar los recursos legales, mientras que las asociaciones de víctimas alertan sobre las consecuencias de la reforma, que podría adelantar la excarcelación de unos 40 presos de ETA. En este contexto, la situación demuestra una fractura política y jurídica que podría tener significativos impactos en el futuro inmediato del proceso legislativo en España.
Leer noticia completa en El Pais.
