Comunidades autónomas, ayuntamientos y el propio partido han comenzado a estudiar la posibilidad de presentar recursos de inconstitucionalidad contra la llamada «financiación singular». A pesar de las preocupaciones expresadas por diversos sectores políticos y sociales sobre el impacto económico y la equidad del reparto de fondos, las partes involucradas han decidido esperar hasta que la medida se concrete oficialmente antes de tomar cualquier acción legal definitiva.
El debate sobre la «financiación singular» ha generado tensiones significativas, con el argumento central enfocándose en las presuntas ventajas desproporcionadas que ciertos territorios podrían recibir en comparación con otros. La controversia subraya una vieja problemática en el sistema de financiación autonómica en España, donde el equilibrio entre la autonomía financiera y la unidad económica del país sigue siendo un tema delicado y recurrente en el debate político.
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