El Gobierno de España, liderado por el PSOE, enfrenta un nuevo desafío tras la reciente aprobación de una enmienda impulsada por el Partido Popular (PP) y Junts que busca suspender temporalmente el impuesto a la generación de electricidad, medida que va en contra del criterio del Ejecutivo. La situación amenaza con convertirse en un nuevo conflicto parlamentario, similar al vivido hace semanas con la reforma fiscal, cuando el Ejecutivo recurrió a una serie de maniobras para lograr un acuerdo. La enmienda propone reducir el impuesto del 7% al 0%, lo que representaría una pérdida de ingresos para el Estado de aproximadamente 1.500 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno aún tiene el poder de vetar la enmienda en cualquier etapa del proceso legislativo si considera que afectará los ingresos presupuestarios, y los opositores temen que esta prerrogativa pudiera ser utilizada.
Este martes, la presidenta de la Comisión de Transición Ecológica, Cristina Narbona, convocó a la mesa parlamentaria para discutir la posible suspensión de una reunión clave programada para el jueves, en la que se votaría el informe de la ponencia con la controvertida enmienda. El PP, respaldado por formaciones como Junts, PNV, ERC, y Vox, logró introducir esta enmienda en el proyecto de ley para modificar el sistema de comercio de emisiones de CO2. No obstante, el lunes pasado, el esfuerzo del Gobierno por frenar dicha iniciativa fracasó debido a la ausencia de un diputado socialista que resultó en un empate en el voto. El PP estima que, además de la significativa reducción de ingresos para el Estado, la suspensión del impuesto permitiría un ahorro de 400 millones de euros para los consumidores. Las dinámicas en el Congreso sugieren que el destino de esta ley podría depender de futuras negociaciones y posibles vetos gubernamentales, manteniendo en vilo el rumbo de la legislación energética del país.
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