Andrí Portnov, exasesor de la administración prorrusa en Ucrania, fue asesinado el 21 de mayo en Pozuelo de Alarcón, tres días después de haber estado en su país, donde se reunió con altos cargos de seguridad. A sus 52 años, Portnov, quien había sido sancionado por Estados Unidos desde 2021 por manipular el sistema judicial ucraniano durante la presidencia de Víktor Yanukóvich, había sido una figura controvertida. Su encuentro con los funcionarios ucranianos ha suscitado interrogantes sobre su papel en la política actual de Ucrania, especialmente en un contexto de alta tensión tras la invasión rusa.
Originalmente, Portnov huyó de Ucrania en 2014 junto con Yanukóvich, en medio de las protestas de la revolución del Maidán. Aunque fue acusado de traición, nunca fue condenado y regresó al país en 2019 tras la elección de Volodímir Zelenski. A lo largo de los años, se le consideró el “arquitecto” de las reformas judiciales del gobierno de Yanukóvich y, pese a su imagen polémica, logró ganar varios juicios por difamación en Ucrania, lo que algunos interpretaron como una muestra de su persistente influencia en el sistema judicial del país. Las circunstancias de su muerte podrían abrir una nueva fase de investigaciones sobre sus conexiones políticas y el clima de impunidad en que se mueven ciertos actores de la política ucraniana.
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