Un reciente análisis ha revelado que numerosos corredores de datos no están cumpliendo con los requisitos de registro establecidos por las agencias estatales de protección al consumidor. Este descubrimiento pone en evidencia las lagunas en la aplicación de las leyes de transparencia adoptadas en estados como California, Texas, Oregón y Vermont.
Las legislaciones recientes en estos estados obligan a los corredores de datos a registrarse ante los reguladores y a ofrecer a los consumidores la opción de no recibir sus servicios. Sin embargo, el estudio realizado por Privacy Rights Clearinghouse y la Electronic Frontier Foundation ha identificado un incumplimiento significativo: 291 corredores no se han registrado en California, 524 en Texas, 475 en Oregón y 309 en Vermont, basándose en datos de abril de 2025.
Este incumplimiento podría señalar diferencias en la interpretación y aplicación de las legislaciones estatales. Las nuevas leyes de transparencia son esenciales para controlar a la industria de los corredores de datos, que comercian con información personal sin el conocimiento de los afectados. Estos datos, que incluyen la ubicación de individuos, se utilizan en publicidad dirigida, vigilancia y discriminación, aumentando el riesgo de violaciones de seguridad y usos indebidos como el acoso o phishing.
Es fundamental que los mecanismos para eliminar la información personal sean eficaces, pero las lagunas en el registro amenazan su efectividad. En California, donde se ha destacado la implementación de una ley de eliminación de datos por parte de los consumidores, solo será efectiva si los corredores cumplen con el registro requerido. Las acciones ya emprendidas por California contra los infractores subrayan la necesidad de una supervisión rigurosa.
El estudio se enfoca en aquellos corredores registrados en al menos un estado, omitiendo a quienes evitan cualquier tipo de regulación. Actualmente, unos 750 corredores han cumplido con el registro en algún estado, mientras que los operativos fuera del marco legal siguen siendo un reto para la aplicación de las normativas.
Finalmente, se insta a los estados a investigar el cumplimiento de los requisitos de registro y a aplicar las leyes estatales para cerrar las brechas existentes. Los consumidores merecen protección independientemente de su ubicación, y se hace un fuerte llamado al Congreso para que establezca una legislación federal que limite la recopilación de datos, garantizando la transparencia y los derechos de los consumidores.
