La administración Trump ha intensificado su vigilancia sobre la actividad en redes sociales de estudiantes extranjeros, introduciendo un controvertido requisito para los solicitantes de visas de estudiante e intercambio: deberán configurar sus cuentas de redes sociales como «públicas» para ser revisadas por el gobierno. Esta decisión ha generado preocupaciones significativas sobre la privacidad de los solicitantes. Quienes se nieguen a cumplir podrían ser vistos con sospecha, sugiriendo que tienen algo que ocultar.
Obligar a los solicitantes a hacer públicas sus cuentas atenta contra su privacidad, exponiendo información personal no solo al gobierno, sino también a todo el Internet. Esto marca un agravamiento de las políticas de recolección de datos que ya estaban vigentes desde 2019, yendo más allá de solicitar nombres de usuario, ahora exigen publicar las cuentas completas, lo que representa una violación de derechos fundamentales.
Los perfiles en redes sociales a menudo incluyen detalles íntimos como creencias políticas, información de salud y relaciones personales, datos que, una vez accesibles, son difíciles de proteger. Las implicaciones de seguridad son amplias, con riesgos de almacenamiento de datos en bases gubernamentales y exposición a ciberdelincuentes. Además, las personas en la red social de los solicitantes también podrían verse afectadas por esta vigilancia extendida.
La necesidad de mantener cuentas de redes sociales privadas es crucial. Personas vulnerables, como sobrevivientes de violencia doméstica y la comunidad LGBTQ+, dependen de estas configuraciones para protegerse. Activistas y periodistas utilizan la privacidad por razones de seguridad ante posibles represalias.
Defensores del requisito argumentan que las visas son un «privilegio y no un derecho», pero omiten que la privacidad y la libre expresión sí lo son. Estas medidas no solo comprometen la seguridad de individuos y comunidades, sino que también crean un entorno que desincentiva la libre expresión.
La administración asegura que esta vigilancia aumentará la seguridad americana, aunque no hay pruebas que sustenten esta afirmación. Al contrario, puede castigar y negar visas a estudiantes por su actividad digital, minando la libertad de expresión. Es vital proteger la privacidad y la libertad de expresión como derechos inalienables, no como meros privilegios adaptativos.