El ministro de Cultura, Urtasun, ha anunciado el lanzamiento del Plan de Acción por la Democracia, destinado a fortalecer la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información. Sin embargo, este ambicioso proyecto enfrenta serios desafíos, ya que su implementación requiere la modificación de múltiples leyes y el consenso del parlamento, lo que parece complejo en el escenario político actual. La propuesta ha sido recibida con escepticismo, con algunos críticos sugiriendo que podría ser una estrategia para desviar la atención pública de otros asuntos más urgentes. Se cuestionan las intenciones reales detrás del uso de conceptos como «control» y «regeneración», los cuales podrían traducirse en un aumento del poder y la impunidad para los gobernantes, mientras se reduce la libertad de aquellos encargados de fiscalizarlos.
La propuesta de Urtasun ha encendido el debate sobre la influencia del poder político en los medios de comunicación. Hay ejemplos notables de gobiernos autonómicos que emplean a un gran número de periodistas, ejerciendo un control informativo que podría verse como una forma de censura encubierta. Esta situación, comparada con prácticas históricas de manipulación de la información como las de Darío I, Napoleón o los regímenes totalitarios del siglo XX, plantea serias dudas sobre la viabilidad y la sinceridad de un proyecto que busca «regenerar» la democracia. Controlar la información siempre ha sido una batalla difícil y, en un clima de creciente escepticismo, la credibilidad del gobierno en este ámbito está en juego. Como bien señala la crítica, la regeneración auténtica no puede ser simulada ni manipulada, so pena de perder toda legitimidad.
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