Donald Trump ha intensificado la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, creando zonas de defensa nacional que permiten la detención de inmigrantes indocumentados por militares. Estas áreas se establecen mediante decretos presidenciales que transfieren temporalmente la tierra al Departamento de Defensa. La iniciativa ha generado controversia y enfrentamientos legales, pues un juez federal desestimó cargos contra 98 inmigrantes, indicando que el gobierno no logró demostrar que estos sabían que ingresaban a una zona prohibida. Hasta ahora, la medida ha resultado en la detención de 82 personas en menos de dos semanas, aunque las capturas son realizadas por la Patrulla Fronteriza. El movimiento ha causado incertidumbre en la población local respecto a sus actividades cotidianas.
La estrategia de Trump ha sido criticada por algunos líderes locales y organizaciones legales, quienes ven en la iniciativa un peligroso precedente que expande el poder presidencial más allá de sus límites habituales. La gobernadora de Nuevo México se ha opuesto a la medida, mientras que el gobernador de Texas la apoya. La estrategia, según expertos, podría violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a los militares participar en tareas de seguridad civil. Trump podría justificar la movilización militar invocando la Ley de Insurrección, una medida que también genera divisiones dentro de su propio partido. La situación plantea desafíos legales y políticos, mientras que el senador Martin Heinrich busca aclaraciones sobre las restricciones en las áreas afectadas.
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