La reciente reforma legislativa ha generado un debate significativo al proponer la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones y otros eventos de control de multitudes. Esta medida responde a las preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y los riesgos asociados a este tipo de armamento, que ha sido objeto de controversia en diversas ocasiones debido a las lesiones graves que pueden causar. Las organizaciones de derechos humanos han aplaudido esta iniciativa, argumentando que representa un paso importante hacia la protección de los derechos civiles y el respeto a la integridad física de los manifestantes. Sin embargo, algunos críticos señalan que su eliminación podría dificultar la labor policial en el mantenimiento del orden público.
Por otro lado, la reforma introduce una modificación en la penalización del delito de desobediencia, rebajando las penas asociadas a esta infracción. Este cambio busca ajustar la respuesta penal a la gravedad de las acciones, permitiendo sanciones que sean más proporcionales a las circunstancias de cada caso. La reducción de penas está pensada para aliviar la carga sobre el sistema judicial y evitar sanciones desmesuradas por acciones que no presentan una amenaza significativa al orden social. Sin embargo, detractores de la reforma argumentan que esta medida podría enviar un mensaje erróneo sobre la importancia de respetar la autoridad legal y el cumplimiento de las normas establecidas. La combinación de estas reformas refleja un intento de balancear el resguardo de la seguridad pública con la protección de los derechos individuales.
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