En un impactante ejemplo de la creciente vigilancia tecnológica, una oficina del sheriff en Texas utilizó más de 83,000 cámaras de lectores automáticos de matrículas para rastrear a una mujer sospechosa de haberse realizado un aborto en su hogar. Esta investigación incluyó revisar 6,809 redes de cámaras de la compañía Flock Safety, abarcando incluso estados donde el aborto está legalmente protegido, como Washington e Illinois.
Desde que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade en 2022, los estados han incrementado sus poderes sobre la regulación del aborto. Texas, donde ocurrió este caso, cuenta con estrictas leyes antiaborto, a diferencia de estados como Washington e Illinois, donde el acceso al aborto sigue protegido.
El acceso a diversas formas de datos, como matrículas y registros telefónicos, permite a las fuerzas del orden rastrear a individuos a través de fronteras estatales. Con más de 1,800 agencias utilizando ALPRs, y 4,000 de ellas con capacidad para búsquedas colaborativas a través de Flock, la supervisión es casi inexistente.
El caso en cuestión mencionó explícitamente un aborto, pero muchas otras búsquedas se etiquetan únicamente como «investigación», lo que difumina la visibilidad de los casos dirigidos a personas que buscan servicios de salud reproductiva.
Esta situación subraya la preocupación sobre la utilización de tecnología creada para la seguridad pública que ahora se usa para vigilar y perseguir a quienes buscan atención reproductiva. Además, informes revelan que las denuncias a las autoridades a menudo provienen de conocidos de las víctimas, intensificando así las consecuencias de estas búsquedas.
La intersección entre la tecnología de vigilancia y la legislación sobre el aborto abre un debate crítico sobre la privacidad y los derechos individuales. Es vital que los legisladores que apoyan los derechos reproductivos actúen y limiten este tipo de vigilancia, asegurando supervisión y restricciones claras en el uso de datos. La transformación de las herramientas de seguridad en mecanismos para imponer leyes controvertidas requiere una respuesta legislativa firme para proteger las libertades individuales.
