En un movimiento estratégico durante el puente de la Constitución, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez oficializó la transferencia de competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. Este cambio, publicado el 6 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, responde a la firma de un acuerdo que integra las facultades compatibles con el Régimen Foral de Navarra dentro del marco constitucional. Dicha transferencia constituye un avance significativo en el ámbito autonómico navarro, marcado por la reducción de la presencia de la Guardia Civil en la región, una exigencia explícita del partido Bildu a cambio de su apoyo al Ejecutivo socialista encabezado por María Chivite.
El texto presentado sufrió modificaciones para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que había anulado un intento previo de similar índole. A partir de ahora, será la Policía Foral de Navarra quien asuma plenamente las funciones de tráfico, un desarrollo que ha encontrado resistencia por parte de la oposición política en la región. El Partido Popular impulsó un convenio de colaboración para mitigar el impacto de este cambio, una propuesta calificada de «ataque al régimen foral» por Javier Esparza de UPN y vista como ineficaz frente a lo que consideran un «chantaje» de Bildu. La resolución de esta medida pone de relieve la complejidad de las negociaciones políticas actuales y el delicado equilibrio de poder entre los gobiernos central y autonómico.
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