En la reciente sesión de control del Parlament, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, generó controversia al acusar a la Generalitat de financiar «el terrorismo islámico» contra Israel. Orriols se refería al aporte de 800.000 euros a la UNRWA, organización de la ONU para los refugiados palestinos. Este tipo de declaraciones, consideradas por algunos como crudas y desmesuradas, son vistas como ejemplos de la creciente influencia de discursos extremistas amparados por la inmunidad parlamentaria. Estas palabras surgieron en un contexto donde la extrema derecha va en aumento, con pronunciamientos que antes se consideraban marginales pero que ahora ganan espacio en el ámbito político, según encuestas recientes del Centre d’Estudis d’Opinió.
La sesión también fue escenario de declaraciones de Ignacio Garriga, líder de Vox, quien criticó a Illa y Pedro Sánchez por supuestamente priorizar los derechos de delincuentes sobre los de ciudadanos honrados. Mientras estos discursos resuenan en el Parlament, las encuestas revelan un incremento en la intención de voto hacia Aliança Catalana y Vox, demostrando que sus mensajes resuenan entre una creciente porción del electorado. Esto plantea un desafío para el resto de los partidos, que buscan abordar esta situación polarizadora mediante la promoción de la convivencia democrática, un reto crucial en un clima político cada vez más tenso.
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