Una juez en Canarias ha dictado sentencia por un incidente violento ocurrido en 2017 en el municipio de La Santa, Lanzarote, que ha generado controversia por la percepción de la levedad de las penas impuestas. Seis individuos han sido condenados a pagar 100 euros de multa y a cumplir seis meses de prisión tras agredir brutalmente a dos agentes de la Guardia Civil. Uno de los agentes quedó inconsciente y requirió atención médica intensiva, permaneciendo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con riesgo de muerte, y tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus heridas. A pesar de la severidad del ataque, las condenas han sido criticadas por considerarse desproporcionadamente indulgentes en comparación con otras penas por delitos similares.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección jurídica y el respeto a las autoridades en el contexto de una sociedad donde, según algunos, las medidas gubernamentales actuales ofrecen mayores garantías a quienes infringen la ley. La resolución judicial ha suscitado indignación, evidenciando un cuestionamiento sobre la autoridad de la Guardia Civil ante los desafíos a su legitimidad por parte de ciertos sectores políticos y sociales. La sentencia de la juez, vista como un reflejo del panorama político bajo el sanchismo, ha desencadenado críticas hacia un sistema que, argumentan, favorece a los infractores a expensas de los defensores del orden público. La situación sugiere una revisión necesaria del enfoque legal hacia la protección de los agentes del orden frente a actos de violencia en su contra.
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