El Partido Popular (PP) ha manifestado su inquietud ante la reciente decisión del Gobierno de España de delegar competencias en materia de inmigración a la comunidad autónoma de Cataluña. Esta controvertida medida ha generado un intenso debate político, llevando al PP a evaluar la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. El partido argumenta que esta transferencia de competencias podría sentar un precedente peligroso y quebrantar la unidad política en el manejo de la inmigración a nivel nacional. Para el PP, la cesión de estas responsabilidades es vista como una concesión excesiva hacia los intereses de partidos independentistas, particularmente Junts per Catalunya, lo que exacerba aún más la tensión entre las fuerzas políticas y pone en entredicho la capacidad del presidente español, Pedro Sánchez, de mantener una postura firme frente a las demandas catalanas.
En un tono crítico, dirigentes del PP han señalado que el presidente Sánchez ha asumido un papel pasivo en el asunto, describiéndolo como «un florero de Junts», sugiriendo que su gobierno está siendo manipulado por las formaciones independentistas. Esta acusación resalta la preocupación del PP de que la influencia de Junts podría extenderse más allá de sus atribuciones regionales, afectando decisiones a nivel estatal. La polémica medida ha profundizado las divisiones políticas en España y ha reavivado el debate sobre la autonomía de las comunidades autónomas, especialmente en áreas sensibles como la inmigración, subrayando las diferencias ideológicas y estratégicas entre los partidos en el abordaje de un tema de trascendencia nacional.
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