Hace poco más de un año, Pedro Sánchez logró su investidura como presidente del Gobierno español tras aceptar las exigencias de apoyo de sus socios parlamentarios, un acuerdo que Moncloa continúa presentando como un pacto de legislatura. Sin embargo, partidos como Junts y PNV han subrayado que solo respaldaron su investidura, distanciándose de un compromiso más prolongado excepto por la coalición Sumar. Estos partidos han sido claves para el Gobierno, pero su respaldo ha estado siempre condicionado a las concesiones obtenidas para sus respectivas comunidades, lo cual no es sorprendente dado sus objetivos políticos regionales. A pesar de esto, la estabilidad del gobierno ha sido cuestionada ante la aparición de casos de corrupción y la negociación de nuevos presupuestos, lo que ha enfriado las relaciones y generado tensiones internas dentro de la coalición.
En el cambiante escenario político español, Junts y PNV mantienen una postura de ambivalencia que involucra apoyar coyunturalmente al Gobierno, mientras flirtean con el Partido Popular (PP) para presionar a Sánchez y sus políticas. Esta estrategia dual, que también aprovecha las ansias del PP por desafiar al gobierno socialista, resalta los conflictos internos y las dinámicas fragmentadas del Parlamento actual. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha advertido repetidamente a Sánchez sobre la creciente influencia de esta mayoría de derechas, que abarca a PP, Vox, Junts y PNV, y la potencial amenaza de que esta alianza se convierta en una fuerza estructural. Frente a este panorama, Sánchez enfrenta la encrucijada de desarrollar políticas que puedan neutralizar los movimientos en su contra y garantizar la continuidad de su gobierno en un Parlamento cada vez más competitivo y volátil.
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