La violencia en el país ha alcanzado un nivel alarmante, coincidiendo con un período electoral crucial en el que los ciudadanos acudirán a las urnas por segunda vez en apenas dieciocho meses. Durante enero, se registró un récord escalofriante: un homicidio cada hora, reflejando una crisis de seguridad que parece no tener fin. Este escenario de incertidumbre y miedo está marcando significativamente el clima político y social, complicando aún más la situación para los líderes actuales y los candidatos que buscan soluciones efectivas a un problema cada vez más arraigado en el tejido social.
Mientras la población se prepara para ejercer su derecho al voto, el aumento de la violencia plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas de seguridad y el compromiso de las autoridades para enfrentar la crisis. Analistas señalan que, además de las medidas de seguridad inmediatas, es crucial abordar las causas subyacentes, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción. El desafío que enfrentan los dirigentes políticos es monumental, y el país observa con aprensión si las promesas electorales podrán transformarse en acciones concretas que devuelvan la paz y la estabilidad a sus calles.
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