En una era en la que la información fiscal es primordial, resulta esencial comprender los matices de las deudas tributarias prescriptas. La Ley General Tributaria, en su artículo 66, establece que una deuda tributaria prescribe en un plazo de cuatro años, comenzando a contar desde el día siguiente al plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación.
A modo de ejemplo, si se presenta el IVA del primer trimestre y no se abona la deuda correspondiente, Hacienda dispone de cuatro años desde el día posterior al término del plazo de pago para reclamar dicha deuda. Esta normativa proporciona una cierta previsibilidad para los contribuyentes, aunque existen excepciones que pueden modificar este marco temporal.
Una de las principales situaciones que varía este plazo estándar es cuando la deuda está relacionada con un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. En estos casos, los plazos se amplían significativamente: para un delito fiscal general, se establece un plazo de prescripción de cinco años. Si se trata de un delito fiscal agravado, este plazo se extiende hasta diez años. Estas extensiones se determinan en función de la cuantía defraudada; específicamente, se considera un delito fiscal general cuando la cantidad defraudada alcanza los 120.000 euros. Sin embargo, si supera los 600.000 euros, o involucra a un grupo criminal o el uso de paraísos fiscales, se clasifica como un delito fiscal agravado.
Otro aspecto crucial a considerar es la posible interrupción del plazo de prescripción. Dicho plazo puede ser interrumpido de manera relativamente simple: basta con que Hacienda emita un requerimiento de pago para que el plazo se suspenda hasta que se resuelve el procedimiento. Esto implica que, independientemente del tiempo que tome resolver dicho procedimiento, el contador de los cuatro años se detiene en el momento en que se emite el requerimiento. Es, por tanto, esencial que los contribuyentes presten atención a cualquier notificación fiscal que reciban para determinar si Hacienda ha iniciado alguna reclamación de pago.
Para aquellos interesados en confirmar si una deuda ha prescrito, resulta útil revisar las fechas de pago debidas y contar los cuatro años correspondientes desde esa fecha. Alternativamente, se puede solicitar un certificado de estar al corriente de pago a Hacienda, lo que puede ofrecer una visión clara sobre la presencia de deudas pendientes y aportar tranquilidad fiscal a los contribuyentes.
En una sociedad donde la gestión directa y transparente con el fisco es clave, conocer el funcionamiento de estos plazos y cómo pueden ser alterados se vuelve no solo útil, sino necesario. La correcta interpretación y vigilancia de estas normativas puede marcar la diferencia entre una situación fiscal controlada y una problemática.
