En medio de una crisis sin precedentes, varios sindicatos de funcionarios civiles en España, entre ellos ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO, han decidido unificar esfuerzos para afrontar la controversia entre las aseguradoras sanitarias y el Gobierno. Esta situación podría comprometer gravemente el servicio sanitario de muchos ciudadanos, según han expresado estas agrupaciones.
El principal motivo de preocupación radica en la posibilidad de que los funcionarios sean absorbidos por el sistema público de salud, lo que podría tener un impacto devastador en ciertas comunidades autónomas, que ya están luchando por proporcionar servicios sanitarios básicos. Actualmente, la sobrecarga adicional generado por esta absorción podría desestabilizar un sistema que, en varias regiones, ya está al borde del colapso.
Los sindicatos han indicado que la «mala gestión y la falta de previsión» han originado un punto crítico insostenible que está abocando a muchos funcionarios y pacientes a una situación de incertidumbre. Este problema se ha exacerbado por un proyecto promovido por la ministra de Sanidad, que podría llevar a la eliminación de la mutua, dejando a muchos pacientes abandonados en un momento crítico de sus tratamientos.
Paralelamente, los sindicatos han llamado a la responsabilidad de las aseguradoras que han sido partícipes del concierto. Subrayaron que la atención sanitaria ofrecida a los mutualistas nunca ha sido gratuita; por el contrario, ha beneficiado a las aseguradoras al mejorar su imagen mientras contribuían al crecimiento de estas compañías. Ahora, sienten que están siendo injustamente abandonados.
Aunque algunos intentan minimizar las consecuencias del traslado de un millón y medio de nuevos pacientes al sistema público, los sindicatos afirman que esto tendría un fuerte impacto, especialmente en comunidades ya saturadas. MUFACE, como otras mutuas, funciona gracias a sus contribuyentes, quienes también aportan al sistema público estatal. La mutua representa una descarga para el sistema sanitario público y, en última instancia, un ahorro significativo para el Estado, contrario a los planteamientos de la ministra Mónica García.
El 22 de enero, a las 14:00 horas, está convocada una gran movilización en Madrid. Esta iniciativa pretende demostrar la unidad de los funcionarios civiles ante lo que consideran una crisis sin precedentes para la sanidad española. La convocatoria es una llamada a todas las partes para exigir responsabilidad y compromiso en la búsqueda de una solución equitativa al problema, superando la «impericia de los políticos» y la «falta de ética de las aseguradoras».
Nota de prensa de ANPE.
