Los principales sindicatos de funcionarios civiles de España, entre ellos ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP UFP, USIE y USO, han decidido consolidar sus fuerzas en un frente común ante la creciente crisis entre las aseguradoras sanitarias y el Gobierno. La problemática se centra en lo que consideran un serio riesgo para el sistema de salud público, que podría afectar a millones de ciudadanos.
La fuente del conflicto reside en la potencial absorción de funcionarios por parte del sistema público de salud, lo cual, afirman los sindicatos, ocasionaría un impacto devastador. Esta integración podría sobrecargar aún más las capacidades ya limitadas de ciertas comunidades autónomas, que actualmente luchan por satisfacer las necesidades sanitarias de su población.
El desencadenante principal de esta crisis es la gestión deficiente y la falta de previsión, sumado al proyecto del Ministerio de Sanidad de eliminar la mutua existente. Para los sindicatos, esta medida no solo abandonará a numerosos pacientes, muchos de los cuales están en tratamientos continuos, sino que también generará una situación de incertidumbre alarmante.
En un llamado a la responsabilidad, los sindicatos exigen que las aseguradoras que participan en el concierto, y aquellas que aún no lo hacen, reconozcan su papel. Destacan que los mutualistas han contribuido económicamente a su atención sanitaria y han mejorado la imagen del sector privado, demandando que no sean ignorados ahora que las circunstancias han cambiado.
A pesar de que algunas voces intentan minimizar el arribo de aproximadamente un millón y medio de pacientes al sistema público, los sindicatos advierten que el impacto sería significativo, especialmente en regiones que ya experimentan colapsos en sus servicios sanitarios.
MUFACE y sus mutualistas representan un ahorro significativo para las finanzas estatales al aliviar la carga sobre el sistema público, argumentan las organizaciones de funcionarios. Además, subrayan que este mecanismo no debe ser considerado un privilegio, sino una parte integral de la gestión sanitaria del país.
En solidaridad y como muestra de fuerza, se ha convocado una movilización el próximo 22 de enero a las 14:00 horas en Madrid. Este evento pretende ser un claro mensaje de unidad entre los funcionarios civiles, quienes alertan sobre el posible desencadenamiento de una crisis inédita en la sanidad española.
Ante lo que califican como la ineptitud de las decisiones políticas y la falta de ética de las aseguradoras, los representantes de los funcionarios exigen al Gobierno y a las entidades aseguradoras que muestren responsabilidad y compromiso. Insisten en la necesidad de dedicar esfuerzos conjuntos para resolver este impás y garantizar una sanidad eficiente y universal para todos los españoles.
Madrid, 16 de enero de 2025.
Nota de prensa de ANPE Madrid.
