En el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que comenzó a aplicarse a partir de la campaña 2023, el Gobierno ha impulsado la Circular de coordinación 30/2026. Esta iniciativa tiene su base en el artículo 31 del Real Decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, y se constituye como el plan nacional que monitorizará el cumplimiento de los criterios de subvencionabilidad de las superficies agrícolas declaradas por los agricultores en sus solicitudes para los pagos correspondientes a la campaña 2026.

Este nuevo plan tiene como finalidad establecer las bases metodológicas del sistema de monitorización de superficies. Además, introduce los controles por monitorización como una metodología subsidiaria para verificar la subvencionabilidad de dichas superficies. Uno de los aspectos claves es uniformar la interpretación de la normativa vigente, así como de los documentos técnicos existentes, para garantizar un control eficaz de los requisitos no monitorizables dentro del sistema de control. Esto asegurará que los resultados obtenidos puedan integrarse de forma coherente en los sistemas de gestión de ayudas.

La Circular no solo abarca aspectos técnicos, sino que también busca ofrecer una interpretación adecuada de la normativa, permitiendo así coordinar la ejecución de estos controles a nivel nacional. Este esfuerzo de coordinación es crucial para asegurar que los procedimientos alineados con las reformas de la PAC se implementen de manera efectiva.

Ante el reto que suponen las reformas de la PAC, el plan de monitorización se presenta como una herramienta esencial para garantizar la correcta gestión y distribución de las ayudas agrícolas. Con un enfoque en la cohesión y la efectividad, este sistema promete optimizar la gestión de recursos y asegurar que los beneficios lleguen a los agricultores que realmente cumplen con los criterios establecidos.

La Circular, que ya se encuentra disponible para consulta, representa un paso significativo hacia la modernización y la transparencia en la gestión de ayudas dentro del sector agrícola, asegurando que la aplicación de las normas europeas tenga un soporte sólido en los métodos de control y gestión nacionales.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.