El Gobierno español ha dado un paso significativo en el controversial traslado de casi 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla, donde los sistemas de acogida se encuentran bajo una fuerte presión. Este martes, el Ministerio de Juventud e Infancia aprobó el último decreto necesario para iniciar las reubicaciones, a pesar de la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Según la ministra Sira Rego, esta medida representa un «punto de inflexión» en la reforma de la ley de extranjería, diseñada para aliviar la carga en territorios con alta migración.
Se prevé que el proceso de traslado comience en breve, siguiendo un protocolo que estipula que las comunidades que superen su capacidad de acogida deben declararse en «contingencia migratoria extraordinaria». En este contexto, se estima que solo Canarias, Ceuta y Melilla se encuentran en esta situación, mientras que otras comunidades aún acogen a menos menores de los que les correspondería. Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana serán las primeras en recibir a los menores, aunque el ministerio advierte que las cifras pueden variar según las condiciones cambiantes de migración. El traslado deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días, involucrando un exhaustivo proceso administrativo que asegura la debida protección de los menores durante su reubicación.
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