En las postrimerías del año 2025, el presidente Gustavo Petro ha anunciado un ambicioso plan económico con el que busca mejorar las condiciones de vida de millones de colombianos pobres y de clase media, además de crear un respaldo masivo para un candidato que dé continuidad a su gobierno de izquierda en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. La estrategia contempla tres medidas principales: un incremento histórico del salario mínimo del 23,8%, la implementación de una reforma laboral ya aprobada, y la declaración de una emergencia económica para permitir una reforma tributaria destinada a aumentar impuestos a los más ricos. El incremento del salario mínimo, considerado uno de los más significativos en décadas, eleva el sueldo mensual a dos millones de pesos. A pesar de que esta medida fue bien recibida por los sindicatos, generó fuertes críticas de empresarios y opositores que temen un aumento de la inflación y afectaciones en la competitividad del país.

El Gobierno también ha comenzado a aplicar aspectos claves de la reforma laboral, como la extensión de dos horas a la jornada nocturna y el incremento progresivo del pago adicional para festivos. Aunque celebrada por sindicatos y comunicada como un triunfo por las autoridades, se generaron tensiones políticas, con opositores como la representante Katherine Miranda negando que los avances en derechos laborales para estudiantes de medicina fueran una iniciativa gubernamental. La declaración de emergencia económica busca captar los 16,3 billones de pesos del déficit presupuestario de 2026 mediante la subida de impuestos, especialmente al sector financiero y energético. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como el Congreso deberán debatir la legalidad de esta medida. Las críticas también provinieron de líderes políticos como Claudia López y Alejandro Gaviria, quienes advierten sobre las posibles consecuencias adversas de estas acciones en la economía y bienestar social del país. En contraposición, líderes sindicales defendieron las medidas, sugiriendo un impacto positivo en la productividad y calidad de vida de los trabajadores, mientras Petro refuerza su apuesta por el cambio social.

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