El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a la población a manifestarse en una serie de encuentros que denominó como «cabildo abierto». Este llamado se produce tras el rechazo del Senado a su propuesta de realizar una consulta popular sobre una reforma laboral previamente desestimada. Petro ha recurrido a esta figura de democracia directa establecida en la Constitución, aunque su uso está tradicionalmente reservado para asuntos de carácter local, lo que ha generado múltiples interrogantes respecto a su aplicación en este contexto nacional. Esta situación representa un desafío a la normativa y al uso convencional del cabildo abierto, una herramienta participativa generalmente utilizada para cuestiones locales desde los tiempos de la Independencia.
El cabildo abierto permite una amplia participación ciudadana, y según la Constitución, es un mecanismo de discusión pública sobre temas de interés comunitario. Sin embargo, su aplicación a nivel nacional carece de precedentes y reglamentación específica. La Constitución menciona varios mecanismos de participación, pero el cabildo abierto, regulado principalmente para el ámbito local, no tiene efectos jurídicos, sino más bien políticos. Se espera que a estos diálogos asistan funcionarios locales, voceros de los convocantes, y cualquier ciudadano interesado, para participar en debates sin la capacidad de tomar decisiones vinculantes. Este uso inusual abre un debate sobre la flexibilidad y alcance de las herramientas democráticas a nivel nacional en Colombia.
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