Los trabajadores autónomos en España enfrentan un panorama económico marcado por la incertidumbre y una serie de decisiones normativas que, por ahora, buscan mantener la estabilidad en un escenario complejo. A cierre de 2025, las principales medidas adoptadas a través de reales decretos-ley apuntan a frenar posibles endurecimientos en las obligaciones fiscales y en las cuotas de cotización, aplazando reformas que podrían incrementar la carga sobre el colectivo.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha señalado que, en el balance del año, aproximadamente el 30% de este grupo económico cerró 2025 con pérdidas, en un contexto donde las promesas de mejoras en protección social y condiciones laborales no lograron consolidarse. Lorenzo Amor, su presidente, lamentó que las expectativas que se habían generado no hayan sido satisfechas y advirtió que, sin cambios profundos, los problemas estructurales podrían agravarse en 2026.
Entre los aspectos que generan mayor preocupación se encuentra la desigualdad en la creación de empleo: aunque los datos globales reflejan cierto crecimiento, este se concentra en las grandes empresas. En los pequeños negocios y en los autónomos, especialmente en sectores tradicionales como el comercio, transporte, industria y agricultura, el empleo continúa en declive. Esto evidencia una polarización que preocupa a los organizadores del colectivo, que insisten en la necesidad de políticas que aumenten la protección y fomenten la supervivencia de los pequeños emprendimientos.
Por el momento, la normativa mantiene su estabilidad en las cotizaciones mensuales, sin aplicar subidas inmediatas a las cuotas para la mayoría de los autónomos, gracias a la continuidad del sistema de cotización basado en rendimientos reales, en vigor desde 2023. Solo los autónomos con ingresos más elevados verán aumentos en sus bases máximas, alineándose con la evolución del tope de cotización del Régimen General. El esquema de cotizaciones, que en 2026 no registrará modificaciones para la mayoría, podría experimentar ajustes si en el proceso de negociación se aprueban nuevas propuestas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Uno de los aspectos que sí se ha concretado para el año que viene es el aplazamiento en la entrada en vigor de los nuevos sistemas de facturación, conocidos como Veri*Factu. La obligación de implantarlos se ha pospuesto hasta 2027, una medida aplaudida por el colectivo, que evita inversiones inmediatas en software y la revisión de procesos administrativos en un escenario donde los márgenes son ajustados y la burocracia, una carga constante. Se estima que los autónomos dedican cerca de 200 horas anuales a trámites administrativos, lo que representa un coste estimado en 10.000 millones de euros y más de 650 millones de horas de trabajo en total.
En el apartado fiscal, se mantiene el impulso a incentivos para los autónomos que invierten en eficiencia energética y movilidad eléctrica. Las deducciones por obras de mejora en viviendas y por la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga se prorrogan, brindando cierto alivio en la carga tributaria. Además, se establecen alivios para quienes han sufrido daños por fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA o incendios forestales, mediante exenciones y requisitos especiales para pequeñas empresas y profesionales en las zonas afectadas.
Pese a estas medidas de contención y al esfuerzo por evitar aumentos inmediatos en las cargas sociales, la ATA advierte que 2026 será un año exigente para el colectivo. La organización insiste en que los avances en crecimiento económico macroeconómico no siempre benefician a los pequeños negocios, cuya evolución depende en mayor medida de la estabilidad regulatoria.
En línea con ello, el secretaría de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, ha presentado una propuesta que contempla la congelación de cuotas para los autónomos con menores ingresos —que oscilan entre 670 y 1.166,7 euros mensuales— y incrementos mínimos para quienes superan ese rango, en un rango de entre 2,91 y 14,75 euros mensuales en 2026.
Este escenario de relativa estabilidad temporal ofrece un respiro para el colectivo, pero los autónomos saben que las reformas profundas siguen pendientes y que el próximo año continuará siendo un período de desafíos. La posición de los pequeños empresarios y profesionales independientes dependerá, en gran medida, de la capacidad de los responsables políticos para consolidar un marco regulatorio que ofrezca certidumbre y protección efectiva, en un contexto donde el crecimiento económico no siempre se traduce en mejoras concretas para quienes sostienen gran parte de la economía nacional.
