La reciente renovación de las cortes de justicia en Guatemala no ha despejado las inquietudes sobre la independencia judicial y la estabilidad democrática del país. A pesar del cambio de autoridades, persiste la preocupación debido a que varios de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones estuvieron implicados en el caso de corrupción conocido como Comisiones Paralelas. Estos nombramientos, en su mayoría respaldados por políticos con antecedentes cuestionables, han generado críticas y desconfianza entre grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos tanto a nivel local como internacional. El informe de Impunity Watch resalta las dudas sobre si los nuevos magistrados seguirán la línea de sus predecesores o adoptarán una postura diferente, subrayando la urgencia de retomar la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.
El proceso de selección de los magistrados fue particularmente complicado y estuvo marcado por controversias. A pesar de la observación internacional solicitada por el presidente Bernardo Arévalo a la Organización de Estados Americanos (OEA), el proceso sufrió retrasos debido a disputas internas sobre aspectos logísticos y reglas de evaluación. Durante la calificación de candidatos, denuncias de corrupción y conexiones con actores políticos poco confiables influyeron en el resultado, lo que dejó fuera a algunos de los aspirantes menos cuestionados. Este panorama lleva a expertos y observadores, como Gustavo Berganza de DOSES, a temer que la oportunidad para fortalecer un sistema judicial independiente se haya desperdiciado, perpetuando un statu quo donde prevalecen intereses corruptos y una agenda de impunidad. La elección de Carlos Rodimiro Lucero como presidente en funciones de la CSJ, una figura con acusaciones previas de corrupción, intensifica las preocupaciones sobre el futuro de la justicia en el país centroamericano.
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