La crisis de vivienda en Madrid ha alcanzado niveles alarmantes, con una disparada en los costos de alquiler y compra de pisos, dificultando el acceso a un hogar para numerosos ciudadanos. Según datos recientes, los precios han subido un 15% en el último año, situándose entre los más altos de Europa. Este incremento afecta principalmente a los jóvenes y familias de ingresos medios y bajos, quienes se ven obligados a destinar una gran parte de su salario mensual al pago de la renta. La escasez de oferta y la inversión extranjera en propiedades locales han sido señaladas como las principales causas de esta situación, generando un debate sobre la necesidad de implementar políticas que favorezcan una mayor regulación del mercado inmobiliario.
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han anunciado medidas para paliar esta problemática, aunque los expertos consideran que podrían ser insuficientes o llegar demasiado tarde. Entre las iniciativas se encuentran incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres asequibles y la construcción de viviendas de protección oficial. Sin embargo, críticos argumentan que estas acciones deben ser más audaces y rápidas para evitar una mayor exclusión residencial y un impacto negativo en la cohesión social de la ciudad. En paralelo, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales han intensificado sus campañas de sensibilización y protesta, exigiendo una solución urgente y sostenible al desafío habitacional que enfrenta Madrid.
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