En un esfuerzo por comprender y mitigar el impacto de los incendios forestales, el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), Pedro Antonio Ruiz, realizó una visita a San Sebastián de los Reyes para observar de cerca el trabajo de las brigadas dedicadas a combatir estos siniestros. La labor de estos equipos ha sido crucial este año para identificar a los responsables de 67 incendios, lo que ha permitido la apertura de 14 procedimientos penales y el esclarecimiento del origen del 85% de los 248 incidentes registrados.
Los datos revelan que el 38% de los incendios fueron intencionados, frecuentemente relacionados con el control de la fauna silvestre y actividades agrícolas o cinegéticas. Paradójicamente, muchos de estos sucesos ocurrieron en un periodo de bajo riesgo, a finales de invierno o comienzos de primavera. Este año, el número de incendios ha aumentado un 4% respecto al anterior. Parte de este incremento se atribuye a la presunta actividad de un pirómano, sospechoso de provocar hasta 32 incendios en áreas de alto valor ecológico, localizadas en los términos municipales de El Escorial, Zarzalejo y Navalagamella. Frente a este caso, la Administración autonómica se ha personado como acusación particular.
Por otra parte, las negligencias representaron el 25% de los incendios, relacionadas principalmente con la quema de residuos agrícolas o el uso indebido de maquinaria en zonas forestales. Además, un 17% de los incendios fueron catalogados como accidentales, mientras que el 15% tienen un origen desconocido. Los rayos causaron un 3% de los sucesos, y el 2% se debió a la reactivación de incendios anteriores.
En el marco de la lucha por la protección del entorno natural, hoy se llevó a cabo una jornada técnica en la sede de ASEM112, en Pozuelo de Alarcón. Este encuentro, que se realiza periódicamente, reunió al Cuerpo autonómico de Agentes Forestales y a fiscales especializados en medio ambiente de la Comunidad de Madrid. La intención es revisar los delitos asociados al entorno natural y afinar las estrategias de prevención y sanción.
La legislación vigente tipifica como delito los incendios provocados de forma intencionada, ya sea por negligencia o imprudencia. En casos donde se sospecha un delito, los agentes forestales, actuando como policía judicial, remiten sus investigaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente y a los juzgados correspondientes. En un proceso paralelo al control y extinción de las llamas, los agentes se desplazan al lugar del incidente para identificar las causas, contando con el apoyo de dos equipos y 21 efectivos que realizan investigaciones exhaustivas. Estas pesquisas son esenciales para encontrar evidencias del origen del fuego y preservar las pruebas que puedan contribuir a esclarecer los hechos ante la justicia.
