En el panorama político actual, el Gobierno sostiene que está siendo blanco de una «campaña» en su contra, lo que ha generado tensiones crecientes entre las principales fuerzas políticas del país. El jefe del Ejecutivo ha intensificado estas acusaciones al señalar directamente a los miembros del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, insinuando una presunta complicidad con ciertos magistrados del sistema judicial. Este señalamiento añade un nuevo nivel de controversia al ya complejo escenario político, exacerba la confrontación institucional y plantea serias preocupaciones sobre la independencia de los poderes del Estado.
La acusación del jefe de Gobierno ha sido recibida con escepticismo y preocupación en diversos sectores, tanto políticos como jurídicos. Desde la oposición, Feijóo ha rechazado categóricamente las imputaciones, considerándolas un intento de desviar la atención de los problemas internos del Ejecutivo y una maniobra para desacreditar a sus adversarios. Por su parte, destacados representantes del ámbito judicial han defendido la integridad de su actuación, recordando la importancia de la separación de poderes y advirtiendo sobre los riesgos de politizar las decisiones judiciales. Este conflicto refleja un clima de desconfianza mutua y polarización política que amenaza con intensificar la confrontación entre las principales instituciones del país.
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