En su primer día como presidente encargado de Perú, José María Balcázar enfrentó un desafío inmediato al recibir una carta de Pedro Castillo, quien solicitó formalmente un indulto presidencial desde su celda en prisión. Castillo, el exmandatario que cayó en desgracia tras intentar un autogolpe fallido en 2022, argumenta que su encarcelamiento responde a una persecución política más que a un delito penal. Su carta apela al “principio de humanidad” y alude a un supuesto compromiso previo de indulto por parte de Balcázar, una afirmación que ha sido negada por el nuevo presidente. Castillo fue sentenciado a más de once años de prisión por conspiración para la rebelión, aunque sus abogados han insistido en que no hay base para tal condena, ya que su llamamiento a las armas no resultó en un levantamiento armado.

La solicitud de indulto plantea a Balcázar un dilema no solo jurídico sino también político, dado su vínculo con el partido de Castillo, Perú Libre. La tensión se suma a un clima de inestabilidad política y social en Perú, marcado por protestas continuas desde la destitución de Castillo y una represión que dejó decenas de muertos. En el plano internacional, las relaciones diplomáticas peruanas también se vieron afectadas, con la ruptura de lazos con México tras un conflicto relacionado con el caso de Castillo. Además, el reglamento vigente sobre indultos impide que se proceda con el perdón si la condena, que actualmente está apelada, no es definitiva, salvo en condiciones excepcionales de salud, lo que complica aún más cualquier intento de Balcázar de conceder el indulto sin desencadenar nuevas tensiones políticas y sociales.

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