En un nuevo capítulo de tensiones políticas en España, Vox ha solicitado la comparecencia de una parlamentaria ostensiblemente con el objetivo de investigar su posible complicidad en el supuesto encubrimiento de Íñigo Errejón, líder de Más País. Este movimiento se produce en medio de crecientes acusaciones y demandas de transparencia por parte de distintos actores políticos. Mientras tanto, el Partido Popular ha señalado con firmeza a las figuras de Mónica García y Manuela Bergerot, afirmando que ambas eran conscientes de las irregularidades y participaron en su ocultamiento. La situación se ha convertido en un campo de batalla de declaraciones y acusaciones cruzadas, generando un clima de inestabilidad política en la Asamblea de Madrid.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha intervenido en el debate con una postura enfocada en la legalidad y la inmediatez, haciendo un llamado a que se presenten denuncias formales para esclarecer cualquier irregularidad. Este posicionamiento busca presionar para que las acciones se traduzcan en procedimientos legales concretos, reorientando el discurso de la arena política a las vías judiciales. La dinámica entre estos partidos refleja un panorama complejo y fragmentado, en el que las diferencias ideológicas se han exacerbado a raíz de este nuevo escándalo político. La atención se centra ahora en cómo estos partidos manejarán las acusaciones y si se tomarán pasos concretos para aclarar las alegaciones presentadas.
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