Los funcionarios ambientales de Brasil han mantenido una protesta con confinamiento en sus despachos desde enero, paralizando inspecciones y embargos con consecuencias ambientales y económicas graves. La administración de Lula da Silva ha roto las negociaciones alegando dificultades para cumplir las demandas de mejoras laborales. Estos empleados exigen condiciones laborales adecuadas tras años de congelamiento salarial, esenciales para alcanzar las metas ambientales del gobierno. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, subraya la importancia de estos trabajadores, quienes denuncian la falta de inversión y personal en áreas críticas, lo que impacta la deforestación en la Amazonia y la concesión de licencias ambientales clave para sectores económicos vitales.
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