La investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos avanza hacia su conclusión en el Tribunal Supremo. El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude fiscal, ha solicitado que ambos fiscales sean procesados, argumentando que no fue tratado como un ciudadano anónimo y que su información tributaria fue filtrada a los medios. No obstante, la defensa de Rodríguez solicita el archivo de la causa, alegando falta de pruebas de que se revelara algún secreto.
El juez Ángel Hurtado evalúa los recursos pendientes mientras las partes implicadas esperan una decisión inminente. La defensa de González Amador insiste en la culpabilidad de García Ortiz y Rodríguez, mientras que el equipo legal de Rodríguez argumenta que se limitó a seguir órdenes, y que la divulgación previa de información hace cuestionable la acusación de revelación de secretos. En un contexto de creciente presión mediática, el desenlace de esta investigación podría tener implicaciones significativas para las figuras públicas involucradas y el funcionamiento de la justicia en casos de alta relevancia pública.
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