El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha intensificado su ofensiva judicial al presentar una demanda contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La acción legal surge a raíz de las declaraciones en las que Sánchez se refirió a González Amador como «un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda». Los abogados del empresario demandan 100.000 euros por parte del jefe del Ejecutivo y 50.000 del ministro, en un proceso que podría culminar en una querella por injurias y calumnias si no hay retractación pública. El conflicto se centra en la defensa de González Amador, que alega vulneración de derechos fundamentales tras hacerse pública su oferta a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales y evitar el juicio.
El proceso mediático y judicial ha escalado después de que tanto Sánchez como Bolaños defendieran al fiscal general del Estado por abrir una causa en el Tribunal Supremo relacionada con la presunta revelación de secretos del caso. González Amador está vinculado a un posible fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas, una acusación que ya lo tiene imputado en Madrid junto a otros empresarios. Pese a haber propuesto asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros, la referencia pública que hicieron los políticos provocó la reacción legal del empresario madrileño. El trasfondo de este conflicto revela la conexión entre la esfera política y judicial en un caso que sigue desarrollándose en el ámbito mediático español.
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