El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha aceptado un salvoconducto para asilarse en Nicaragua, otorgado «por razones humanitarias» por el gobierno de José Raúl Mulino. Martinelli, quien pasó un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, se enfrentaba a una condena de 10 años de prisión relacionada con corrupción y lavado de dinero. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había concedido el asilo político a Martinelli en febrero de 2024, tras su condena, aunque inicialmente la Cancillería panameña lo negó, considerando que las acusaciones no eran de índole política. La medida de asilo ha sido criticada por líderes de la sociedad civil panameña, quienes lo ven como un acto que promueve la impunidad.
Mulino, ahora presidente de Panamá gracias a la inhabilitación de Martinelli para ejercer cargos públicos, otorgó su apoyo al exmandatario, por quien había trabajado durante su campaña. Sin embargo, la relación entre ambos parece haber sido empañada por el descontento de Martinelli al tener que dejar su país. La medida no ha sentado bien en Panamá, provocando comentarios de figuras como Lina Vega de Transparencia Internacional, quien lamentó el uso del asilo como herramienta de escape para enfrentar la justicia. Mientras tanto, numerosos políticos y ciudadanos panameños critican el refugio de Martinelli en un régimen considerado dictatorial, insistiendo en que debería cumplir su condena en el país. A pesar del asilo, el ministerio de Relaciones Exteriores insiste en que Martinelli no queda eximido de sus procesos judiciales pendientes.
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