Este fin de semana, el Gobierno de Panamá ha tomado la decisión de suspender ciertos derechos constitucionales en la provincia occidental de Bocas del Toro, a raíz de saqueos en empresas y oficinas gubernamentales tras continuas protestas y bloqueos de carreteras debido a la reforma de las pensiones. La medida se implementó después de más de un mes de manifestaciones motivadas por el déficit en el sistema de pensiones, que supera los 650 millones de dólares. El gobierno había impulsado cambios legislativos en marzo, desatando el descontento de varios sectores sociales. Diversos sindicatos, incluidos los de docentes, obreros, trabajadores de la construcción y bananeros, han unido fuerzas en huelgas indefinidas, exacerbando la situación.
En todo el país, las protestas han enfrentado a manifestantes respaldados por sindicatos y grupos indígenas con las autoridades, siendo Bocas del Toro un foco de especial intensidad, donde los trabajadores de una plantación bananera de Chiquita han jugado un rol destacado. La empresa, al calificar la huelga de “abandono injustificado del trabajo”, despidió a miles de empleados. Sin embargo, tras negociaciones, los trabajadores detuvieron las protestas al lograr el restablecimiento de algunas prestaciones retiradas en virtud de la reforma. Hasta el momento, los disturbios han resultado en un muerto y más de un centenar de heridos, incluidos 13 oficiales, según informes oficiales.
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