En el contexto de las recientes Semanas del Clima en Panamá, un evento internacional de alto perfil que atrae a delegados de 198 países, se han intensificado las críticas al gobierno panameño por sus aparentes contradicciones ambientales. Durante las reuniones de 2023, mientras Panamá era centro de debates sobre acciones contra el cambio climático, el país fue testigo de protestas masivas contra la explotación de una gran mina de cobre. Además, se reveló que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de explorar hidrocarburos en el mar Caribe. Este anuncio, hecho en Texas por el secretario de Energía, causó consternación entre activistas y organizaciones ambientales que acusan al gobierno de no ser transparente y de comprometer ecosistemas vitales, desatendiendo además las opiniones y derechos de comunidades pesqueras locales.
La posibilidad de explotar petróleo y gas en el Caribe ha reavivado preocupaciones sobre el impacto ambiental de estas actividades, especialmente en un país que ha sido visto previamente como un líder en la conservación marina. La mera intención de explorar tales opciones ya provoca alarma entre grupos de defensa, que enfatizan el riesgo para la biodiversidad marina y la coherencia de las políticas ambientales del gobierno. A pesar de los estudios sísmicos previos realizados bajo la administración pasada, la actual administración enfrenta críticas por no llevar un proceso de consulta ciudadana adecuado. Esta situación resalta la tensión entre el desarrollo económico impulsado por recursos fósiles y el compromiso necesario para enfrentar la crisis climática global.
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