El Ayuntamiento de Palma, bajo la administración de Jaime Martínez del Partido Popular, ha decidido mantener la gratuidad del servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para 2025, a pesar de considerarla una medida insostenible bajo la actual asignación presupuestaria del Gobierno central. Los usuarios que dispongan de la tarjeta ciudadana o de TIB seguirán beneficiándose de este servicio sin coste. Sin embargo, el consistorio ha expresado su descontento alegando que la dotación de 18 millones de euros proporcionada por el Gobierno de Pedro Sánchez es insuficiente. Según las autoridades locales, cubrir el déficit generado, que ya ha alcanzado los 15 millones de euros entre 2023 y 2024, ha requerido la solicitud de un crédito extraordinario, al no cubrir la ayuda estatal el costo real de 25 millones de euros anuales para mantener la gratuidad.
El Ayuntamiento ha criticado lo que considera el «oportunismo político» del gobierno central, y ha solicitado que se revise la cuantía destinada para el transporte público de Palma para 2025. Además, ha manifestado que mantener la gratuidad en las condiciones actuales podría afectar negativamente la calidad del servicio, dificultando la recuperación de frecuencias y líneas eliminadas en legislaturas anteriores. Este desafío se amplifica con el aumento de pasajeros, que desde 2019 ha crecido a una previsión de aproximadamente 60 millones anuales. El Consistorio de Palma insiste en que la responsabilidad del financiamiento completo de la medida debería ser asumida por el Gobierno central, para evitar daños adicionales al transporte público municipal.
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