En un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y crisis globales, la reciente Cumbre del Clima de la ONU en Bakú, Azerbaiyán, logró alcanzar un acuerdo crucial sobre financiación climática tras intensas negociaciones. A pesar del entorno complicado y de una conducción cuestionable por parte de la presidencia de la cumbre, los casi 200 países reunidos decidieron movilizar alrededor de 1,3 billones de dólares para el año 2035, enfocándose en el apoyo a naciones en desarrollo para enfrentar los efectos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, un punto de conflicto persistente fue la cantidad que los países desarrollados deberán aportar, fijada en 300.000 millones de dólares anuales, una cifra que ha sido criticada como insuficiente por las naciones receptoras.
El acuerdo ha sido interpretado como un compromiso mínimo, que, aunque lejos de satisfacer plenamente las necesidades climáticas globales, proporciona un punto de partida sobre el cual construir futuras acciones. Los debates también han abordado la estructura de quién debe contribuir a esta financiación, con llamados a países como China y Arabia Saudí a realizar aportaciones adicionales, aunque sin obligación oficial. La cumbre, además, hizo avances en el establecimiento de mercados de carbono, proyectando un sistema internacional para el comercio de derechos de emisión que aún requiere desarrollo técnico. Este éxito parcial en Bakú subraya la importancia de continuar fortaleciendo el multilateralismo ante desafíos globales, reforzando la coalición mundial por el clima en un panorama político cada vez más incierto.
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