Tras los recientes altercados en Paiporta, Valencia, tras la visita de los Reyes y miembros del Gobierno a la zona afectada por la DANA, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos por controlar la narrativa en torno a los incidentes. Óscar Puente, ministro de Transportes, acusó a presuntos miembros de la extrema derecha de haber instrumentalizado políticamente las protestas ciudadanas que terminaron en altercados. Puente señaló que, aunque la indignación de los ciudadanos es comprensible dado que muchos han perdido sus hogares y seres queridos, la violencia y el uso político del dolor no deberían ser permitidos. A pesar de la dureza de los sucesos, el ministro aseveró que no se puede atribuir la responsabilidad a una entidad específica, sugiriendo que la visita del monarca pudo haberse programado con más precaución.
Desde el ejecutivo, tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se han alineado en su discurso al atribuir la violencia del domingo a grupos radicales que habrían desviado la atención de la real urgencia: atender a las víctimas y reconstruir las zonas afectadas. El sindicato juvenil Revuelta fue señalado por Montero como uno de los actores detrás de los disturbios, que incluyeron insultos y agresiones al coche escoltado del Presidente Pedro Sánchez. La respuesta oficial desde el Gobierno es clara: la unidad y el enfoque en la reconstrucción son prioritarios, y no se permitirá que actos de violencia desvirtúen estos objetivos fundamentales.
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